El año electoral arrancó ensombrecido por la falsa denuncia de violencia de género contra Yamandú Orsi, en un Uruguay que observa los impactos colaterales de la campaña sucia con la que se busca desprestigiar la imagen del precandidato del Frente Amplio.

Los cuestionamientos a la ley de violencia hacia las mujeres basada en género desafían el discurso feminista del Frente Amplio, aunque el impacto negativo se centre en el desvío de la conversación pública respecto a verdaderos conflictos que afronta el país en términos de igualdad de género y protección de las mujeres contra la violencia.

Uruguay registra una de las tasas de feminicidios más altas del continente. Entre el 2001 y el 2022, se contabilizaron 615 feminicidios en el país. Solo en el 2022, hubo 37 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género y se presentaron 38251 denuncias por violencia de género. A pesar de que el Gobierno declaró un “estado de emergencia nacional” en el año 2019 debido a estas cifras alarmantes, el impacto de esta medida ha sido limitado en la práctica.

La subrepresentación de las mujeres en la política uruguaya es otra deuda pendiente ante la igualdad de género. En las elecciones del 2019, solo el 19% de los escaños parlamentarios estaban ocupados por mujeres, ante lo cual el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, ha instado al Estado uruguayo a superar las barreras que impiden la efectiva aplicación de las leyes a favor de la igualdad.

El camino por recorrer demanda, inicialmente, una jerarquización de la igualdad de género en la agenda política y la inclusión tanto de mujeres como de hombres con una perspectiva de género en posiciones de liderazgo para lograr un cambio real. La campaña electoral actual enfrenta el reto de insertar la igualdad de género en la agenda, algo que hasta ahora no ha ocupado un lugar central en las discusiones políticas.

La construcción de la narrativa de los partidos en campaña tampoco debe minimizar el rol de los estereotipos de género en la formación de la opinión pública, ni su nivel de incidencia en la percepción de los candidatos. Estas estructuras cognitivas tienden a vincular atributos y comportamientos para las categorías sociales de hombre y mujer. Lo que es peor aún, en tiempos de fake news aumenta el riesgo de que el elector decida a partir de creencias socialmente compartidas, sin verificar la veracidad de las informaciones.

De los medios de prensa, por su parte,  se espera el compromiso de liberar a las mujeres de la subestimación propia de estos estereotipos, con lo cual se impediría perpetuar el trato desigual.

La campaña electoral uruguaya necesita abordar estos desafíos, asegurando que la igualdad de género y la protección contra la violencia sean temas prioritarios. El incidente con el candidato opositor ha desviado la discusión, centrándola en la campaña sucia en lugar de fortalecer la protección de las mujeres. Es fundamental que los discursos de interpelación se enfoquen en la verdadera problemática, promoviendo un proceso de cambio real y sostenido en la agenda política hacia la igualdad de género.