Amenazas a la calidad democrática en América Latina

El 2023 nos sitúa frente a desafíos claves para América Latina. En el contexto económico adverso a nivel global, marcado por la inflación en niveles altos, las elecciones que se avecinan se vuelven decisivas ante la incertidumbre y el riesgo político.

Si bien son tres las elecciones generales fijadas en el calendario 2023 (Paraguay, Guatemala y Argentina), el año es la antesala de otras seis que se darán en el 2024, concretamente en El Salvador, Panamá, República Dominicana, Venezuela, México y Uruguay.

Además, los ojos estarán puestos en la fase inicial del gobierno de Lula en Brasil y en el primer año de gobierno de Petro en Colombia, en el segundo intento de reemplazar la Carta Fundamental en Chile, en las negociaciones entre el gobierno y oposición en Venezuela y sin dudas, en la crisis en Perú.

El futuro inmediato se avizora complejo para la región y en él, se encienden alarmas de preocupación por el deterioro democrático.

La calidad democrática refiere a “una ordenación institucional estable que a través de instituciones y mecanismos que funcionan correctamente, realiza la libertad y la igualdad de los ciudadanos” (Morlino, 2007, p. 5). Se trata así de un régimen “ampliamente legitimado”, donde los ciudadanos se encuentren “plenamente satisfechos” y tienen posibilidad de controlar y evaluar la eficiente aplicación de las normas vigentes.

Al analizar la calidad democrática, debemos superar la tentación de reducirla al mero mecanismo electoral donde predomina la selección de élites políticas. Cuando el casi único momento democrático es durante las elecciones, la democracia no es sino una democracia estándar. Peor aún cuando las mismas se ven manipuladas e influenciadas por estructuras clientelares.

O’Donell y Schmitter (1986) denominaron “democraduras” a los modelos donde al alzarse la mayoría con el poder, imponen unilateralmente su programa, controlando al mismo tiempo los medios de comunicación y la justicia, con lo que se aseguran ser inamovibles en el poder.

El imperio de la ley, el respeto a las instituciones, implica que se garanticen derechos e igualdades a los ciudadanos. En consecuencia, la ausencia de un sistema legal, donde se hallen áreas dominadas por organizaciones criminales, índices elevados de corrupción en las instituciones, una burocracia ineficiente y la dificultad en el acceso a la justicia, impactan en la calificación para una “buena democracia”.

Si pretendemos dejar atrás la limitada formalización de la democracia basada solamente en el sufragio, es imperante elevar los niveles de responsabilidad electoral y del ejercicio cívico permanente. No obstante, la responsabilidad ciudadana requiere información, el acto de asumir responsabilidades por parte de las autoridades y un tercer elemento, la sanción o la recompensa. Es en esta dimensión donde la comunicación gubernamental se vuelve una exigencia a ser implementada como política. Ya no podemos contemplar democracias de alta calidad sin el compromiso de transparencia, de información, de participación y conversación pública, aún más cuando la tecnología pone a disposición de los gobiernos infinitas herramientas para efectivizarlo.

Al igual que ocurre con el ejercicio ciudadano, el nivel de exigencia hacia el ejercicio de la oposición debe incrementarse. Esta no puede ceñirse exclusivamente al parlamento, sino que requiere la iniciativa de actividades diversas de evaluación y control en espacios comunicativos como medios, y de intercambio y debate con instituciones de la sociedad civil.

En un país donde los derechos sociales no se ven garantizados, donde la ciudadanía se ve desprotegida en situaciones críticas por falta de acceso al sistema de salud, a la educación, a la vivienda y a una alimentación adecuada, no se vislumbra siquiera a lo lejos la voluntad política para ampliar o profundizar en políticas sociales y económicas que busquen disminuir las desigualdades existentes. Ahora bien, bajo el supuesto de que un pueblo consciente de sus necesidades cuenta de por sí con la potencialidad de evaluar la respuesta efectiva del Estado en relación a estas demandas, se ve necesario profundizar en los fenómenos que desvían el camino del voto castigo.

Es así que, en un escenario en el cual los niveles de satisfacción en cuanto a la obtención de beneficios del gobierno son bajas, pero al momento de las elecciones este recibe la recompensa de la mayoría, el protagonismo recae en un sistema clientelar y prebendario.

Las red flags también son aplicables a los candidatos. No es concebible una democracia sin Estado de Derecho. Una democracia sin libertades no es democracia. Aquellos candidatos que demuestran verse tentados por reducir los mecanismos de control, por torcer las reglas y normas, por ocupar el Estado y sus instituciones sin contemplar el pluralismo y el respeto a las minorías y por instalar aparatos generadores de desinformación, fake news y discursos de odio dan señales claras de que sólo contribuirían a continuar con el retroceso democrático.

Referencias

Morlino, L. (2007). Explicar la calidad democrática: ¿Qué tan relevantes son las tradiciones autoritarias?. Revista de Ciencia Política. N° 2. pp. 3-22.

O’Donnell, G. y  Schmitter, P. (1986). Transiciones desde un gobierno autoritario: Paidós, Buenos Aires.